DIECISIÉIS AÑOS DESPUES, UN ENTIERRO DIGNO

No entendieron bien lo que estaba pasando. Los habían sacado abruptamente de algún sueño en donde, quizás, los rasgos prometedores de un futuro – que no sería ya – los había llevado a un sueño profundo y relajado. No les dieron tiempo para despertarse por completo. Los fueron sacando a golpes secos de culata y entre insultos intimidantes.
Es posible que alguno de ellos haya pensado que sufría una pesadilla y que, en cualquier momento, iba a despertar. Puede que los más curtidos hayan supuesto que se les venía una larga noche de golpes, de interrogatorios feroces y de paredes húmedas en algún lugar secreto. Después de todo, esa era una amenaza con la que se tenía que vivir si se había optado por el respaldo a la subversión.
Sin embargo, seguro que no lograron entender, sino hasta muy avanzadas las horas, y cuando ya sus captores tenían ese rostro fiero y contundente de los asesinos, que iban a morir una madrugada de julio, ateridos por el frío de la noche y el temor natural e inevitable ante una muerte salvaje.

El 18 de julio de 1992 un grupo de estudiantes de la Cantuta y un profesor fueron asesinados por un grupo denominado Colina, grupo que cumplia órdenes de un Estado que ya había perdido toda la fe en los principios de la Democracia y que se había dispuesto a obrar con la misma estulcia y criminalidad que la de sus enemigos: muerte por muerte, tortura por tortura, terror por terror. Lo cierto es que la violencia había penetrado tanto en alma de este país, que muchos sintieron que eso era lo correcto. Ciertamente, en aquel tiempo, muchos se hicieron los desentendidos cuando se hablaba de un gobierno que asesinaba para asegurar la existencia del Perú oficial; de un Estado que había elegido usar todas las herramientas posibles – las vedadas también – para asegurar su sobreviviencia, al menos la de uno o dos segmentos del país.

¿Qué hubiera pasado si el Estado no hubiera actuado así? ¿Habría un país que construir ahora? Lo cierto es que en esa demencial guerra contra un grupo de fundamentalistas criminales, también perdimos el alma y, si bien fueron sólo algunos quienes apretaron el gatillo, demasiados miraron hacia otro lado cuando el Gobierno de aquel tiempo nos iba hundiendo en la cloaca del crimen, casi en el mismo nivel de salvajismo de los enemigos a quienes combatía.

Dieciséis años después de haber sido victimados, seis de esos diez jóvenes fueron enterrados ayer en el cementerio el Ángel, ubicado en el Cercado de Lima, luego de una ceremonia que comenzó en la Universidad Cantuta y que luego se desplazó por algunas calles del Centro. Fue un acto simbólico que, si bien, no devolvía la vida, era necesario. Al margen del intrasferible dolor de los familiares y amigos, la mayoría de asistentes, no buscaba respaldar ninguna posición política trasnochada, sino resarcir la dignidad con la que toda persona debe vivir y morir.
Allí está el meollo del asunto. Los que defendían el derecho a la vida la quitaron; los que hablaban de justicia y democracia aplicaron la vieja ley del Talión: esa la contradicción que ha dejado un estigma doloroso en el espíritu de muchos ciudadanos.

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